José Manuel Cervantes Gamiño*
Combatir la corrupción ha sido una lucha librada por todos los países del mundo, se han llevado a cabo innumerables esfuerzos conjuntos y asumido compromisos globales asentados en diversos tratados internacionales, siendo tal vez el más relevante al respeto la “Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”, la cual marcó una nueva era en la lucha contra este fenómeno.
En nuestro país, el paso más importante se dio el día 27 de mayo del año 2015, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dieron vida jurídica al Sistema Nacional Anticorrupción.
Este sistema, constituye una instancia de coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno que permiten instrumentar los mecanismos de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con casi 5 años de vida, sin embargo, poco ha sido el apoyo que se le ha brindado por parte del actual Gobierno Federal, razón por la cual no ha alcanzado su máximo potencial.
Pese a todas las dificultades presupuestales que ha representado la operación del sistema, el día 25 de febrero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Política Nacional Anticorrupción, en la cual se define el rumbo estratégico para establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir y sancionar los hechos de corrupción, la cual se divide en cuatro ejes estratégicos con cuarenta prioridades específicas, y es el cuarto eje el que contiene la acción más relevante: involucrar a la sociedad y sector privado en las acciones institucionales.
Es aquí donde la ciudadanía, académicos y empresarios juegan un papel fundamental, ya que después de tantos obstáculos por fin se abre una nueva ventana de oportunidad: podrán aportar sus conocimientos, opiniones y experiencias a fin de llevar a buen puerto los mecanismos anticorrupción.
Por lo tanto, es necesario que la sociedad asuma un rol activo y se comprometa a articular esquemas de colaboración con el sector público, siendo importante destacar que en este punto no importan las ideologías políticas, ya que es un momento histórico para fortalecer los vínculos institucionales y combatir la corrupción de una manera coordinada y efectiva.
También, considero oportuno señalar que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 01 de julio de la presente anualidad, establece que es necesario adoptar medidas para fomentar en las organizaciones no gubernamentales, en particular las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) el desarrollo de controles internos, programas de ética y cumplimiento de medidas específicas encaminadas a prevenir la corrupción; acciones que se encuentran armonizadas con las políticas integridad empresarial previstas en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Igualmente, es importante destacar que el Sistema Nacional Anticorrupción abre un nuevo horizonte jurídico para los abogados litigantes, ya que nos permitirá involucrarnos en los procedimientos de responsabilidades administrativas, lo que sin duda alguna extenderá nuestra cartera de clientes y nos ayudará a profesionalizarnos en una materia poco explorada para el litigio.
* Socio fundador del Bufete Jurídico “Gamiño & Miranda Abogados”, servidor público con nombramiento de Abogado Especializado en la Contraloría del Estado de Jalisco.
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FUENTES
“Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”; consultable en la página:
“Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”
“Ley General de Responsabilidades Administrativas”
“Política Nacional Anticorrupción”; consultable en la página:
“Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, consultable en la página: