Los Derechos Humanos y las luchas geopolíticas para su consolidación.

por Victoria Granados Palomares*

Durante mucho tiempo he escuchado a abogados y a personas ajenas a la práctica del derecho hablar sobre la situación actual de nuestro país relacionándolo con la poca o la nula garantía del Estado sobre los derechos humanos que menciona nuestra Constitución, que sería mejor transitar hacia una modelo jurídico diverso que tenga una mayor eficacia en la protección de los derechos fundamentales entre otras cosas; Sin embargo, considero importante ver mas allá de nuestro presente para entender la situación actual de la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Para poder situarnos en una realidad consiente, es necesario tener un antecedente histórico político para entender lo que hoy son los derechos fundamentales en nuestro país.

Los ideales de la construcción de nuestro Estado después de la independencia mexicana establecieron, con la Constitución de 1824, un sistema de organización en República representativa, popular y federal, con lo cual se estableció la soberanía de los estados y la división de poderes; durante este periodo, nuestro sistema de organización sufrió diversos cambios del federalismo al centralismo y posteriormente al federalismo nuevamente.

Como consecuencia de la inestabilidad tanto política, como jurídica de nuestro país y tras los movimiento armados, no es hasta en 1917 que, con la necesaria actualización de nuestra norma fundamental, se reivindica nuevamente el federalismo y por otro lado, en una idea innovadora y transformadora de hacer frente a los reclamos sociales de la ciudadanía es que en nuestra carta magna se incluyen los derechos sociales, económicos y culturales, siendo la Constitución de 1917 pionera al incluir en el documento normativo estos derechos con una bandera de transformación social.

El estado mexicano al incluir la protección de tales derechos, se obligó a sí mismo a garantizar diversos servicios que en un inicio no contempló en su magnitud; sin embargo no podía dejar de hacerlo ya que, la lucha social exigía que fuera el Estado el garante de la salud, educación, empleo, entre otro muchos derechos.

Si hacemos un ejercicio de reflexión, podemos darnos cuenta de que la decisión de los constituyentes en incluir al texto constitucional la obligación del Estado de proporcionar, así como reconocer las garantías individuales sociales, económicas y culturales, tuvo un peso más grande de lo que pudieron imaginarse, es decir, se comprometió el Estado a destinar, recursos, instituciones y un sistema de administración pública, en el intento de cumplir lo que la Carta Magna prometía.

Ahora bien, ¿Esta serie de factores resultan ser la causa de cómo hoy se encuentra el país? ¿Son tantos los recursos que se destinan a garantizar el cumplimiento de la protección a tales derechos? Si en algún momento hubiéramos tomado la decisión de no incluir en el texto constitucional dichos derechos, ¿hoy el Estado, sus instituciones y las autoridades podrían ser diferentes? Probablemente no, pues la importancia de incluir esos derechos fue la victoria de la lucha y muerte de mexicanos que buscaban el proteccionismo que se necesitaba, nuestra historia marcaba la necesidad del pueblo, en aquellos años, de un cambio del Estado para obtener una mejor calidad de vida, pues para ello se necesitaba subrogar tales servicios para que estuvieran a cargo del estado.

Es decir, nuestro contexto histórico, desde la conquista, la independencia, la revolución, entre otros muchos movimientos y luchas sociales han sido la antesala de la construcción de nuestra carta magna actual y señalan el triunfo de los mexicanos ante las arbitrariedades del Estado y los reclamos de la sociedad.

Bajo esta tesitura, no sería posible compararnos a otros modelos jurídicos pues lo que hoy somos y son otros países es el resultado de las luchas y movimientos ante la inconformidad de su organización política y con ello que se formen bajo sus necesidades y realidades.

El México de 1900, necesitó un instrumento que sentara las bases de su organización y de su sistema jurídico trayendo al texto derechos y garantías que la sociedad reclamaba y exigía de las cuales no se podían ignorar y en ese sentido la construcción de una Constitución proteccionista y pionera en derechos sociales; sin embargo eso no significa que nuestro sistema jurídico debe permanecer intacto y estático al que originalmente se constituyó, pues el verdadero cambio y el verdadero significado y utilidad del derecho, debe ser adaptarse a la nueva realidad que vivimos.

Si bien, el Estado Mexicano todavía tiene retos que cumplir para garantizar la protección de los derecho fundamentales que se encuentran plasmados en el texto constitucional, esto se logrará con la mejora continua y la aplicación de nuevas herramientas, teorías, organizaciones y tecnologías basadas en el derecho comparado y en la adaptabilidad de tales instrumentos jurídicos a nuestras leyes y a nuestras bases, que podrán ser lo que cada vez nos acerque más a un modelo jurídico ideal que responda a las necesidades de los ciudadanos; la progresividad tanto en las prácticas jurídicas cómo en la implementación de mejoras no deben perderse de vista, pues solo así es cómo podemos alcanzar la protección y garantía de los derechos fundamentales, con medidas y modelos que atiendan la realidad que hoy vivimos.

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* Abogada por la Universidad de Guadalajara, litigante en VMA Abogados, cofundadora del proyecto "LEGAL 501".