La Corrupción, un reto pendiente.

Stephany Acuña Velarde*

A saber, la corrupción es uno de los principales problemas que aqueja el país, su persistencia ha afectado a la sociedad, socavado la credibilidad del Estado y sus Instituciones y por consecuencia ha minado el Estado de Derecho, propiciando así inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer a plenitud los derechos fundamentales.

Después de vivir un sexenio en el cual México descendió 32 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción, al pasar del lugar 106 en 2012, al 138 en 2018, no fue menor que los mexicanos apostaran por un candidato que puso como eje fundamental de su campaña el combate a la corrupción e impunidad.

Sin embargo, el gobierno de dicho personaje, a la fecha, ha optado por un enfoque moral para lograr ese cometido, dejando así de lado a las instituciones y al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en su conjunto.

Cabe recordar que el nacimiento del SNA obedeció principalmente a tres razones:

• Evitar la fragmentación de esfuerzos institucionales, sociales y políticos en el combate al a corrupción.

• Fortalecer los pesos y contrapesos en el combate a la corrupción involucrando tanto un sistema de alertas como la fiscalización y el régimen disciplinario.

• Responder a la necesidad de contar con inteligencia institucional para detectar, prevenir, corregir y, en su caso, sancionar prácticas corruptas desde las causas que la generan y no sólo desde sus consecuencias.

No obstante, lejos de apostar por el SNA, el cual plantea un entramado constitucional y legal que a largo plazo permita prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como una mejor fiscalización y control de los recursos públicos, se ha instado por seguir la línea de una supuesta política de “austeridad republicana”, que en sí, no ataca realmente los causes por los que fluye la corrupción y que a grosso modo se centra en el debilitamiento institucional de la administración pública.

Es una pena que un diseño tan atinado como lo es el del SNA, el cual fue construido a partir de la interlocución de entes públicos, legisladores e integrantes de la sociedad civil, sea desdeñado de la manera que se está haciendo.

Mientras tengamos una Secretaría de la Función Pública que junto con el Ejecutivo decida a quien sí y a quien no investigar, una Unidad de Inteligencia Financiera, deficiente en cuanto a su comunicación con la Fiscalía, y esta última a la vez, sin herramientas suficientes para efectuar correctamente su trabajo, difícilmente veremos una reducción en los índices de corrupción en el país.

Si se desea avanzar en el tema, es menester que se entienda que el combate a la corrupción en nuestro país es un desafío cultural, político y de operación; no es un fenómeno aislado sino la consecuencia de distintas formas de transgresión al Estado de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas. De modo que, una presidencia con un poder y una legitimidad centralizada no es suficiente para superar y remontar dicho problema.

*Politóloga por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudiante de noveno semestre de Derecho por la Universidad de Guadalajara.