El costo de la burocracia.

Marco Antonio Hernández López.*

Es común que los empresarios y los ciudadanos se enfrenten a diversos obstáculos al realizar la gestión de un trámite o servicio ante algunas dependencias de gobierno en sus distintos órdenes; la solicitud de requisitos y trámites excesivos inhibe la inversión, no agiliza los tiempos y dificulta la apertura pronta de negocios, mermando el crecimiento y desarrollo de los municipios y estados en el país.

Según la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes, de las cuales 60% corresponden a municipios, 30% a estados y 10% al gobierno federal. En estas condiciones de congestión regulatoria o sobrerregulación, México enfrenta un serio problema que atenta contra la libertad económica del país.

Por otro lado, la burocracia es un problema silencioso, que propicia la corrupción. Los procedimientos engorrosos crean implicaciones de discrecionalidad como son los famosos “sobornos”, a cambio de eficientar y agilizar un trámite. Transparency International señala en su Índice de Percepción de Corrupción 2019, que México se clasificó en el lugar 130 de 198 países evaluados. De lo cual se puede argüir que los costos de la burocracia junto con la corrupción, resultan particularmente gravosos, siendo además los principales obstáculos para los empresarios cuando se trata de invertir, aperturar y hacer negocios en el país. En dicho sentido, es cuando los sobornos administrativos aparecen como un mal necesario.

Razón por la cual, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuánto cuesta a los mexicanos la burocracia y la corrupción en los trámites? Datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, el costo total de la corrupción en trámites, pagos o solicitudes de servicios públicos, más otros contactos con autoridades fue de 12,770 mdp, lo que equivale a $3,822 pesos promedio por persona afectada. Por lo tanto, al acudir a realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios, 48.1% de ciudadanos encuentra barreras por la falta de simplificación administrativa (exceso de requisitos, poca claridad en el proceso y largas filas).

Pero para todo mal hay un remedio. La Ley General de Mejora Regulatoria en su artículo 61, señala la figura jurídica de la “Protesta Ciudadana”, entendida ésta como un medio de defensa para el usuario, cuando con acciones u omisiones por parte del servidor público encargado del trámite o servicio, niegue o retrase la gestión sin causa justificada. Con esta herramienta, el servidor puede ser sancionado cuando actué indebidamente en contra de un particular que realiza un trámite o servicio.

Por todo lo anterior, es evidente que se requiere restablecer la confianza en las instituciones, reducir la burocracia gubernamental, erradicar la corrupción y promover que los ciudadanos y empresarios utilicen la protesta ciudadana. Por lo cual debería tomarse como prioridad en las agendas políticas de los gobiernos en nuestro país. Puesto que es una tarea urgente que debe tener como eje rector la innovación, transparencia, integridad, buena calidad y coherencia entre las políticas públicas para mejorar la competitividad económica.

Fuente de información:

· Regulaciones por tipo de ordenamiento

https://www.conamer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=89

· Transparency International - Índice de Percepción de la Corrupción 2019- México

https://www.transparency.org/en/countries/mexico

· INEGI - Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/

· Ley General de Mejora Regulatoria

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_180518.pdf

*Abogado por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala, actualmente Analista Jurídico del Centro de Mejora Regulatoria de la Cámara Nacional de Comercio, servicios y Turismo de Guadalajara