2021 un reto para la Justicia Digital.

Victoria Granados Palomares*

Definitivamente el COVID-19 cambió en su totalidad la manera en la que vivíamos y realizábamos nuestras actividades diarias, ya sean profesionales o cotidianas, se han tenido que implementar nuevas formas de hacer lo que anteriormente no tenía o no necesitaba organización; desde el uso cubrebocas obligatorio, programar citas para acudir a diversos establecimientos, hasta dejar de asistir a espacios públicos por la transición completa a los servicios en línea. Experimentamos también el trabajo a distancia o home office siendo una alternativa que ciertamente funcionó para muchos sectores del comercio e industrias pues hizo posible que las empresas y establecimientos disminuyeran su personal presencial necesario para operar.

Por otro lado, no debemos perder de vista que este año no será diferente al anterior, aún y con la llegada de la vacuna, seguirán las modalidades a distancia, las medidas de sanidad y los protocolos de cuidado en todos los espacios públicos y privados, pues es evidente que no somos inmunes al virus y los contagios siguen al alza; de igual manera continuará el trabajo remoto y el home office.

Una de las actividades y servicios que se tuvo que adecuar e implementar nuevas medidas de trabajo en consecuencia a esta pandemia causada por el virus del SARS-CoV 2, fue la impartición de justicia en todos sus ámbitos, tanto locales como federales, sin embargo quien tuvo una mejor y rápida adecuación ante la contingencia sanitaria fue la Justicia Federal, es decir, el Poder Judicial de la Federación (PJF), pues desde el inicio del cierre temporal de los Centros de impartición de Justicia en Marzo del 2020 el Consejo de la Judicatura Federal comenzó a reorganizar y modificar la impartición de justicia de como la conocemos tradicionalmente.

Las medidas implementadas fueron desde suspender plazos y términos en un primer momento, hasta emitir Acuerdos Generales en los cuales se establecieron las modalidades en que los trabajadores del PJF laborarán, guardias judiciales, trabajo remoto, sesiones y audiencias a través de plataformas digitales como Zoom o Google Meet, así como la implementación mejorada del Juicio en Línea, la realización de trámites y promociones a través de medios electrónicos, buzones judiciales, entre otros; todas estas para asegurar a los justiciables la impartición de justicia pronta y expedita en la medida de lo posible.

Durante varios meses, experimentamos y nos adecuamos a esta nueva modalidad de ejercer el derecho, de una manera apresurada basada en la prueba y error. Servidores públicos y litigantes tuvimos que aprender de manera acelerada a trabajar sin tener que acudir a los Centros de Impartición de Justicia, por ello después de 10 meses de aprendizaje, es importante hacer una introspección y análisis de la Justicia Digital y su funcionalidad práctica, pues está claro que será, durante los próximos años, la nueva manera de ejercer el Derecho, sin pandemia o con ella era necesario avanzar, el Sistema Jurídico Mexicano, en el uso de las Tecnologías de la Información para impartir justicia, pues cada vez más, la era de la digitalización, se vuelve parte fundamental de nuestra vida cotidiana.

Las disposiciones complementarias al Juicio en Línea que se implementaron con el Acuerdo General 12/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal establecieron la pauta y los lineamientos para el desahogo del Juicio de Amparo por medios electrónicos, con dicho Acuerdo se buscó regular de una manera rápida y práctica esta alternativa derivada de la contingencia sanitaria con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia; por este medio se buscó generar una herramienta útil y sin fallas con el ánimo de continuar impartiendo justicia por medio del uso de las tecnologías de la información.

Este acuerdo marcó un antes y un después en la justicia por medios electrónicos o e-Justicia, sin embargo ¿Realmente ha cumplido con el objetivo que propone, en cuanto a funcionalidad y eficiencia? Desde mi perspectiva y práctica, la justicia digital es el futuro de la práctica del derecho, ya que no podemos ignorar los beneficios que ésta ofrece pero, por otro lado, no debemos perder de vista que la transición a medios electrónicos invariablemente implica errores y situaciones nuevas que generen la constante actualización y mejora de éstas herramientas tecnológicas, además la accesibilidad se ve limitada para la sociedad y los profesionistas, pues el uso de este medio digital no ha sido el medio principal para iniciar el Juicio Constitucional, ya sea por desconocimiento total de su funcionamiento o por el miedo y desconfianza que pudiera generar, es así que los profesionistas que ejercen el Derecho siguen optando por el medio tradicional impreso, como pudimos percatarnos con la reanudación de la recepción de demandas de amparo a través de los Buzones Judiciales, en donde se aglomeraron los Centros de Justicia Federal con litigantes esperando su turno para poder presentar de manera presencial su escrito; con ello pudimos ver que la Justicia Digital sigue siendo un tabú para muchos y una opción no viable o confiable.

Es esencial que sigamos fomentando el uso de los medios electrónicos en la impartición de Justicia, pues los beneficios que esto otorga son mayores a las posibles desventajas y errores que se generan de manera impredecible, pues la e-Justicia va a seguir formando parte de esta nueva realidad en la que nos encontramos y ciertamente es el medio ideal para la agilización de la justicia en México, el trabajo, la actualización y la difusión no termina aquí, nuestro compromiso se debe fundar en la constante búsqueda de métodos que acerquen y generen confianza en la ciudadanía con los órganos de impartición de justicia. La pandemia trajo en el 2020 de manera acelerada retos que nos acercaron a los medios digitales y al trabajo remoto, este nuevo año continúa el reto de seguir fomentando en optar por la Justicia en Línea, con las necesarias mejoras y actualizaciones que esto implique.

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*Abogada por la Universidad de Guadalajara, pasante de Derecho en VMA Abogados. cofundadora del proyecto "LEGAL 501".